Contratación de Personas con Discapacidad
Medidas Alternativas

¿Qué es la obligación de reserva de empleo?

Las empresas públicas o privadas con 50 o más personas en plantilla, están obligadas a que al menos el 2% de aquella, sean personas con discapacidad. Esta obligación de contratar personas con discapacidad, facilita su integración laboral.

Posibles dificultades de aplicación de la cuota del 2% llevaron a regular la llamada “EXCEPCIONALIDAD”, que permite a las empresas obligadas a la indicada reserva a que, reuniendo determinados requisitos y previa autorización de la Administración, opten por aplicar determinadas “Medidas Alternativas”, reguladas por la legislación.

Si no se cumple el cupo ni se aplican las medidas alternativas autorizadas, las empresas obligadas pueden enfrentarse a sanciones económicas.

A este respecto, el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, tipifica como infracción grave, el incumplimiento en materia de integración laboral de personas con discapacidad de la obligación legal de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, o de la aplicación de sus medidas alternativas de carácter excepcional.

La sanción a esta infracción puede suponer;

  • Multa económica;
  • Pérdida de beneficios, bonificaciones y ayudas oficiales, así como la devolución de subvenciones;
  • Exclusión del acceso a beneficios por un periodo máximo de 2 años.

 

¿Qué son las Medidas Alternativas?

Una vez presentada la solicitud de declaración de excepcionalidad junto con las medidas alternativas a la obligación de la cuota de reserva del 2%, el plazo para resolver sobre la misma es de dos meses, en su defecto, el silencio administrativo tiene carácter positivo.

Una vez obtenido el Certificado que contiene la declaración Excepcionalidad, es necesario asignar unas medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 14 de enero. La declaración de excepcionalidad, tiene una validez limitada a 3 años, debiéndose presentar anualmente una memoria al Servicio Público de Empleo, sobre el cumplimiento de las medidas alternativas propuestas.

  • La celebración de un contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo (CEE), o con un trabajador autónomo con discapacidad, para el suministro de materias primas, maquinaria, bienes de equipo o cualquier otro tipo de bienes necesarios para el normal desarrollo de la actividad de la empresa que opta a esta medida.
  • La celebración de un contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo, o con un trabajador autónomo con discapacidad, para la prestación de servicios ajenos y accesorios a la actividad normal de la empresa.
  • Realización de donaciones y acciones de patrimonio, siempre de carácter monetario, para el desarrollo de actividades de inserción laboral y de creación de empleo de personas con discapacidad, cuando la entidad beneficiaria de dichas acciones de colaboración sea una fundación o una asociación de utilidad pública cuyo objeto social sea, entre otros, la formación profesional, la inserción laboral o la creación de empleo a favor de las personas con discapacidad.
  • La construcción de un enclave laboral, que es el contrato entre una empresa ordinaria (empresa colaboradora) y un centro especial de empleo para la realización de obras o servicios que guarden relación directa con la actividad principal de la empresa y para cuya realización un grupo de trabajadores con discapacidad del centro especial de empleo se desplace temporalmente al centro de trabajo de la empresa colaboradora.