CONACEE reclama para todos los trabajadores con discapacidad de los CEE unas condiciones salariales equiparables a las del sector de actividad

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  • La Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE) mantiene el máximo respeto ante la sentencia, aunque considera que esta interpretación del Tribunal Supremo ampara consolidar la precarización de todo el tercer sector al servicio de la discapacidad frente a las empresas
  • CONACEE mantiene su reivindicación de equiparar las condiciones salariales en cada sector sin distinguir entre trabajadores con y sin discapacidad
  • Recuerda que impugnó el XV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, que permitía aplicar unas tablas salariales propias a los trabajadores con discapacidad de los centros especiales de empleo del sector asociativo, frente a los de naturaleza empresarial, aplicándoles unas diferencias que en salario bruto anual se sitúan de media un 16,1% por debajo que la remuneración de las personas sin discapacidad

La Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE) lamenta el reiterado rechazo por parte de Sindicatos y de Patronales del mundo Asociativo de aprovechar la oportunidad, como viene defendiendo, de equiparar a todos los trabajadores de los Centros Especiales de Empleo – entidades de la Economía Social declaradas de interés económico general- con un mismo salario, similar al de los de las personas sin discapacidad. En este sentido, y según planteó en la negociación del XV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, reclama y mantiene para el nuevo Convenio en negociación una equiparación salarial de los trabajadores con discapacidad de todos los Centros Especiales de Empleo a la de los trabajadores sin discapacidad en cada sector de la actividad.

Este anuncio se produce coincidiendo con el pronunciamiento del Tribunal Supremo que ha desestimado el recurso de casación presentado por CONACEE frente a la Sentencia dictada por la Audiencia Nacional, planteada para evitar lo que consideró la consolidación de un trato discriminatorio entre los trabajadores con discapacidad y los diferentes tipos de centros especiales de empleo que operan en España. Ignorando las propuestas de CONACEE, sindicatos y patronales del sector asociativo acordaron en el XV Convenio Colectivo unas tablas, cuyo salario base no alcanzaba el Salario Mínimo Interprofesional y que difícilmente cubrirían los aumentos del mismo durante su vigencia, confirmando así una brecha netamente discriminatoria y precarizando a los trabajadores con discapacidad del tercer sector frente a los trabajadores de los Centros Especiales de Empleo de titularidad empresarial y frente a los de los sectores de las diferentes actividades económicas desarrolladas.

Este hecho, unido a las distorsiones en la competencia entre unos y otros tipos de entidades con unos costes operativos diferentes con base a los costes salariales, llevaron a CONACEE a desmarcarse del acuerdo suscrito entonces por los sindicatos y los representantes de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, y a impugnar el Convenio Colectivo demandando la eliminación del apartado que recogía el trato diferenciado.

Desde el máximo respeto al pronunciamiento del Tribunal Supremo por la interpretación jurídica de este caso, CONACEE considera que el acuerdo que suscribieron en 2019 los sindicatos y otras entidades representantes de centros especiales de empleo, supone la aplicación de unas tablas salariales que, no tanto mejoran las condiciones salariales de los trabajadores de la mitad del sector, sino que consolidan la discriminación salarial de los trabajadores con discapacidad restantes respecto a los primeros y al resto de trabajadores de cada sector.

Para el nuevo Convenio en negociación CONACEE demanda nuevamente de sindicatos y patronales del tercer sector aprovechar la oportunidad para acordar unas condiciones equitativas entre trabajadores con y sin discapacidad y con ello facilitar una integración efectiva y sostenible en sintonía con los estándares de cada sector.

CONACEE recuerda que muchos de estos trabajadores con discapacidad trabajan para sus propias asociaciones, las cuales compiten abiertamente en diferentes sectores, con empresas de diferentes perfiles y también con otros centros especiales de empleo de diferentes modelos tanto empresariales como de iniciativa social. Según CONACEE, aceptar esta precarización en los salarios de las personas con discapacidad supone seguir fomentando que la competitividad de algunas organizaciones se mantenga a costa de la precarización de las condiciones salariales de sus trabajadores.

Promover la equidad para asegurar la sostenibilidad

CONACEE mantienes sus reivindicaciones solicitado a sindicatos y otras patronales un trato más justo para todos los trabajadores, pidiendo una apuesta que fomente la equiparación salarial efectiva en cada sector, incluyendo a todos los trabajadores de los Centros Especiales de Empleo, independientemente del modelo o la forma jurídica de cada Centro. Este enfoque es compatible con potenciales apoyos o excepciones que puedan plantearse para organizaciones o perfiles profesionales con mayores grados de discapacidad, pero evitaría consolidar una precarización que resulta claramente discriminatoria y que altera las reglas de juego en la libre competencia.

Para CONACEE, la equiparación efectiva en cada sector permitiría estimular una competencia más sólida y abierta, favoreciendo la integración efectiva de los trabajadores con discapacidad en cada sector de actividad y el avance hacia modelos más eficaces y sostenibles de desarrollo. Para la patronal, resulta difícil de entender la defensa que hacen los sindicatos y las entidades firmantes de este convenio colectivo que supondrá un retroceso para los trabajadores con discapacidad y una precarización del Tercer Sector, que agravará una sostenibilidad del sistema -que ya está mostrando claros síntomas de fragilidad, según avalan los datos-, sin que parezca razonable rechazar la apertura del mismo a la aportación que mediante su participación en el empleo protegido pueden hacer las iniciativas empresariales.