Albert Campabadal Blanco
Presidente de la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo
Capital Humano, Nº 422, Sección Relaciones laborales y prevención / Tribuna, Septiembre 2026
Septiembre tiene algo de vuelta al colegio incluso para quienes hace décadas que dejamos las aulas. Es el mes en que retomamos lo que dejamos pendiente antes de las vacaciones, revisamos qué compromisos siguen sin cumplir y nos ponemos manos a la obra para encarar el final de año lo mejor posible. El calendario político no es una excepción: septiembre marca tradicionalmente el arranque del curso parlamentario ordinario, y con él conviene hacer balance de en qué punto quedan los expedientes normativos con impacto directo en el empleo de las personas con discapacidad. Por ello, quería aprovechar este espacio para un repaso honesto del boletín de notas.
Y ese boletín, dicho con franqueza, no es bueno. La tasa de empleo de las personas con discapacidad se situaba en el 27,7 % en 2010, según el Instituto Nacional de Estadística. Año arriba, año abajo, hoy, más de tres lustros después, se sitúa en el 28,9 %. Es decir, apenas un punto y pico de mejora en el tiempo que un niño tarda en pasar de la educación infantil a la universidad. Mientras tanto, la tasa de empleo de la población sin discapacidad ronda el 70 %. La distancia entre ambas cifras se mantiene, curso tras curso, por encima de los 40 puntos porcentuales, sin que se aprecie una tendencia real a estrecharse.
Si esta comparación resulta descriptiva, la de la participación en el mercado laboral es aún más reveladora. Solo el 35,4 % de las personas con discapacidad está activo, frente al 78,5 % del resto de la población, según el último Informe del Mercado de Trabajo de las Personas con Discapacidad del Servicio Público de Empleo Estatal. Dicho de otro modo: casi siete de cada diez personas con discapacidad en edad de trabajar ni siquiera figuran como demandantes de empleo, no porque no puedan o no quieran trabajar, sino porque el sistema no ha conseguido tender los puentes necesarios para que lo intenten.
Esta no es una cifra que fluctúe con los ciclos económicos. Es la fotografía de una desigualdad estructural que se repite, examen tras examen, sin que consigamos enderezar el rumbo.
Trabajar es mucho más que tener un empleo
Conviene detenerse un momento, además, en lo que hay detrás de estos porcentajes, porque no hablamos solo de estadística. Para una persona con discapacidad, acceder a un empleo significa, con frecuencia, ganar autonomía económica, reforzar la autoestima y participar en la vida social desde un lugar de aportación y no solo de recepción de ayudas. Cuando el mercado laboral ordinario no logra abrir esa puerta, no solo se pierde talento y productividad para el sistema; se cierra, para cientos de miles de personas, una vía de realización personal que el resto de la sociedad da por descontada.
Ahora bien, no todas las asignaturas de este ficticio boletín de notas están suspensas. Hay una en la que el aprobado, incluso el sobresaliente, es indiscutible: la de los centros especiales de empleo (CEE). Los centros asociados a CONACEE han multiplicado por más de 16 su volumen de empleo en poco más de una década, con un crecimiento medio interanual del 9,83 % desde 2021. En un contexto donde el conjunto del mercado laboral avanza a un ritmo casi imperceptible, este dato no es un matiz: es la prueba de que, cuando existen estructuras de acompañamiento, adaptación de puestos y compromiso empresarial sostenido, el empleo de las personas con discapacidad puede crecer, y crecer rápido. El problema nunca ha sido la falta de talento o de voluntad por parte de este colectivo. El problema es que ese modelo eficaz convive, todavía, con un mercado laboral ordinario que apenas se mueve.
En el terreno normativo conviene detenerse en dos expedientes. El primero es la reforma de la Ley General de Discapacidad y de la Ley de Dependencia, cuyo debate parlamentario de las últimas semanas se centró, sobre todo, en blindar la financiación estatal del sistema de dependencia. A ello se suma una inyección de más de 6.000 millones de euros que las comunidades autónomas llevaban años reclamando. Es una buena noticia para el sistema de cuidados, pero conviene no perder de vista lo que ese enfoque deja en un segundo plano. Mientras la discusión se libra casi entera en torno a quién paga y cuánto, sus disposiciones en materia laboral apenas han sido objeto de debate. Sería el momento, en las fases que aún quedan de tramitación parlamentaria, incluido su posterior paso por el Senado, de corregir esa asimetría.
El segundo expediente es el nuevo Real Decreto sobre la relación laboral especial en los Centros Especiales de Empleo, que actualiza un marco jurídico con cuarenta años de vigencia y avanza hacia su aprobación definitiva tras su correspondiente trámite de audiencia pública. Ambos textos representan una oportunidad poco frecuente para introducir mejoras estructurales, no cosméticas, en la empleabilidad del colectivo. Dejarla pasar sin una reflexión seria sobre el fondo sería repetir el patrón que llevamos observando desde 2010: reformas que actualizan la letra sin transformar la realidad.
A esto se suma un reto de coherencia normativa que no debería perderse de vista en los próximos meses. Cuando conviven, por un lado, marcos legales que reconocen y refuerzan el papel de determinados modelos de empleo protegido y, por otro, normas que introducen distinciones entre actores que persiguen exactamente el mismo fin social, el resultado es un ecosistema fragmentado que dificulta, en lugar de facilitar, la tarea común. Septiembre es también un buen momento para preguntarnos si el conjunto de la arquitectura legal que rodea el empleo de las personas con discapacidad rema en la misma dirección o si, por el contrario, cada norma resuelve su propio expediente sin mirar al conjunto.
La necesidad de una política coherente de empleo y discapacidad
Concretar esa voluntad política no exige inventar nada nuevo; exige aplicar con determinación lo que ya sabemos que funciona. Reforzar la orientación laboral y la formación específica para personas con discapacidad, con itinerarios que conecten de verdad con las vacantes reales del mercado. Acompañar a las empresas ordinarias en la adaptación de puestos, para que dejen de ver esa inversión como un coste y empiecen a verla como una condición de acceso al talento. Y garantizar seguridad jurídica y estabilidad normativa a los modelos, como los centros especiales de empleo, que ya han demostrado su capacidad de generar empleo estable y de calidad, en lugar de someterlos a vaivenes regulatorios cada vez que se abre un nuevo curso legislativo.
Dicho todo esto, no se trata de instalarse en el catastrofismo. Los datos de los CEE demuestran que el rumbo correcto existe y que es replicable. Lo que hace falta ahora es voluntad para escalarlo: políticas activas de empleo que dejen de tratar la discapacidad como una cuestión asistencial y empiecen a tratarla como una cuestión de talento; incentivos reales para que las empresas ordinarias incorporen a más personas con discapacidad en sus plantillas; y un marco normativo que sume capacidades en lugar de multiplicar categorías.
Septiembre es, como enero, un mes de propósitos que se renuevan. Pero después de más de quince años viendo cómo una brecha de 40 puntos se resiste a moverse, ya no basta con proponérselo de nuevo. Hace falta que esta vuelta al curso legislativo se traduzca, por fin, en resultados medibles para las personas con discapacidad. Si el modelo de los Centros Especiales de Empleo ha demostrado que se puede crecer a casi el 10 % anual, no hay excusa para que el conjunto del mercado laboral siga entregando, año tras año, el mismo boletín de notas insuficiente.
