– La principal organización del empleo protegido denuncia que la ley excluye a los
Centros Especiales de Empleo de iniciativa empresarial, que representan más del
68% del total del sector y emplean a más de 69.000 personas con discapacidad.
– CONACEE confía en que el Senado permita introducir las mejoras necesarias para
preservar la unidad del modelo de empleo protegido.
Madrid, 11 de diciembre de 2025 – La Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo
(CONACEE) manifiesta su profunda preocupación ante la aprobación en el Congreso de la Ley
Integral de Impulso de la Economía Social por parte de la Comisión de Trabajo, Economía Social,
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones al dejar la redacción actual fuera del reconocimiento
como entidades de la Economía Social a los Centros Especiales de Empleo (CEE) de iniciativa
empresarial, piezas esenciales del modelo de inclusión sociolaboral de las personas con
discapacidad en España.
Actualmente, los CEE dan empleo en todo el país a más de 145.000 personas, de las cuales más
de 122.000 son personas con discapacidad, lo que supone cerca del 84% de sus plantillas, muy
por encima del 70% exigido por la normativa vigente. En el caso de los centros asociados a
CONACEE, este porcentaje se eleva hasta el 90,33%, lo que evidencia el carácter marcadamente
social del sector.
Dentro del conjunto de los CEE, los centros de iniciativa empresarial representan más del 68%
del total y dan empleo a más de 82.000 personas, de las cuales más de 69.000 tienen
discapacidad. Son precisamente estos centros los que quedarían excluidos con la actual
redacción de la ley, a pesar de su papel determinante en la generación de empleo estable,
adaptado y sostenible para uno de los colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado
laboral.
Una exclusión que pone en riesgo un modelo probado de inclusión
El presidente de CONACEE, Albert Campabadal Blanco, ha señalado que “resulta paradójico que
una ley que pretende impulsar la Economía Social deje fuera precisamente a una parte esencial
del principal motor de empleo para las personas con discapacidad”. A su juicio, “la inclusión no
depende de fórmulas jurídicas, sino de resultados reales y contrastados durante más de cuatro
décadas”.
Campabadal ha subrayado que esta exclusión supone “debilitar un modelo que ha demostrado
sobradamente su eficacia social, su sostenibilidad económica y su capacidad para generar
oportunidades reales de integración laboral”, y ha advertido de que “hablamos de personas con grandes dificultades para integrarse en el ámbito laboral en nuestra sociedad, de proyectos de
vida y de cohesión social, no solo de estructuras empresariales”.
Impacto directo en el empleo y en el gasto público
CONACEE alerta de que, si la norma no se corrige en su tramitación en el Senado, podría provocar
la pérdida de miles de puestos de trabajo, especialmente en los centros de menor tamaño, lo
que además conllevaría un aumento del gasto público en prestaciones y políticas pasivas de
empleo.
La organización advierte además de que la ley profundiza en una brecha jurídica que se viene
consolidando en los últimos años, generando diferencias de trato que distorsionan la
competencia, debilitan la estabilidad del sector y ponen en riesgo a decenas de miles de
trabajadores con discapacidad que dependen de estos centros para su integración laboral.
Llamamiento al Senado
Ante este escenario, CONACEE hace un llamamiento a los grupos parlamentarios para que el
Senado actúe como una cámara de segunda lectura útil y permita introducir las mejoras
necesarias para preservar la unidad del modelo de empleo protegido y garantizar la igualdad de
condiciones de todos los Centros Especiales de Empleo.
“Aún hay margen para rectificar y para construir un consenso que refuerce, y no debilite, uno de
los principales instrumentos de inclusión sociolaboral de nuestro país”, ha señalado Campabadal,
quien ha reiterado la disposición de la Confederación al diálogo institucional “desde la
responsabilidad, la discreción y el compromiso con las personas con discapacidad”.
