Sin embargo, su redacción final plantea una contradicción de fondo que conviene abordar con
claridad: no se puede impulsar la inclusión dejando fuera a quienes hoy la hacen…
La nueva Ley Integral de Impulso de la Economía Social, aprobada hace unos días en el Congreso de
los Diputados y ya publicada en el Boletín Oficial del Estado, nace con un objetivo loable: reforzar un
modelo económico que combine actividad empresarial y cohesión social.
Sin embargo, su redacción final plantea una contradicción de fondo que conviene abordar con claridad:
no se puede impulsar la inclusión dejando fuera a quienes hoy la hacen posible.
España cuenta desde hace más de cuatro décadas con una herramienta que ha demostrado su eficacia en
la integración sociolaboral de las personas con discapacidad: los centros especiales de empleo (CEE).
Son empresas cuya finalidad es generar empleo para personas con discapacidad, especialmente para
aquellas que encuentran mayores dificultades de acceso al mercado laboral ordinario. Hablamos de más
de 145.000 empleos en el conjunto del sector y de un modelo que, lejos de ser teórico, funciona en la
práctica y transforma vidas.
Sin embargo, la nueva ley introduce una distinción entre centros de iniciativa social y de iniciativa
empresarial que, en la práctica, excluye a estos últimos del ámbito de la economía social. Esta
diferenciación no responde a su finalidad —idéntica en ambos casos—, sino a su forma jurídica. Y ese
es, precisamente, el problema.
Más del 68% de los CEE en España son de iniciativa empresarial. Son, en su mayoría, pequeñas y
medianas empresas que operan en el mercado, generan actividad económica y, al mismo tiempo,
cumplen con el mismo compromiso social: emplear dentro de su plantilla, como mínimo, a un 70% de
personas con discapacidad. En muchos casos, ese porcentaje es muy superior.
Excluir a todas esas empresas del reconocimiento institucional o del acceso a determinados
instrumentos de apoyo no es una cuestión técnica, sino una decisión que puede tener impacto directo en
la estabilidad de miles de empleos.
Y hay que subrayar que esta situación no se produce en el vacío ni en lo abstracto. Según el Instituto
Nacional de Estadística, la tasa de empleo de las personas con discapacidad en España se sitúa en torno
al 28,9%, frente a casi el 70% de la población sin discapacidad, según los últimos datos disponibles. Es
una brecha estructural que lleva años prácticamente estancada.
Los centros especiales de empleo han demostrado ser un pilar fundamental para reducir esa brecha. En
el caso de CONACEE, la patronal más longeva del sector, las empresas asociadas han pasado de
emplear a poco más de 2.000 personas con discapacidad a cerca de 35.000 en menos de quince años.
No es una cifra menor. Es la evidencia de que el modelo funciona, de que es escalable y de que
responde a una necesidad real.
Por eso sorprende que, en lugar de reforzar lo que va bien en su conjunto, se introduzcan elementos que
pueden fragmentarlo. La inclusión laboral no depende de si una empresa es de iniciativa social o
empresarial, al contrario: depende de si genera empleo, de si lo hace de forma estable y de si contribuye
a la autonomía y a la integración de las personas.
Queda ahora por delante el desarrollo normativo de la ley. Y ahí estará la clave. Porque si algo
demuestra la experiencia es que las normas no sólo se definen por su redacción, sino por cómo se
aplican. Será en ese proceso donde se podrá comprobar si el marco final contribuye a ampliar
oportunidades o, por el contrario, introduce barreras innecesarias.
En un momento en el que la empleabilidad de las personas con discapacidad sigue siendo uno de los
grandes retos pendientes, el foco debería estar en sumar, no en excluir. En reforzar aquello que
funciona, no en debilitarlo. Porque detrás de cada centro, de cada empresa y de cada puesto de trabajo
hay algo más que cifras.
Hay personas, proyectos de vida y una idea muy concreta de lo que significa la inclusión. Conviene no
olvidarlo: sin empleo, no hay inclusión. Y sin inclusión real, ninguna economía puede considerarse
verdaderamente social.
